Desde el punto de vista de los acreedores la deuda externa es tan sólo una cifra absoluta que los deudores han de hacer efectiva en un plazo de tiempo determinado. Así pues, el hecho de que aún no se haya saldado la deuda externa se ha podido ver como un problema de liquidez de las cuentas de los países deudores pero difícilmente como un problema estructural. En cambio, para los países deudores, hacer frente a las exigencias de los pagos de la deuda externa supone un esfuerzo financiero extraordinario, ya que sus economías son cada vez más débiles y dependientes de los capitales extranjeros.
Sin embargo, lo más grave para muchos países es el hecho que el pago de la deuda externa supone la imposibilidad de invertir y llevar a cabo políticas adecuadas en servicios básicos esenciales para la población, tal y como son la seguridad alimentaria, la potabilización del agua, la salud, la vivienda, la educación, las infraestructuras...
En efecto, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en nueve países los pagos del servicio de la deuda externa superaron el gasto anual en salud y educación, y también se sobrepasó el gasto en salud en 29 países más, incluidos 23 del África subsahariana, la región más castigada del planeta. En Tanzania, los pagos del servicio de la deuda externa en el año 1998 supusieron un gasto nueve veces superior al gasto en atención primaria de salud y cuatro veces la educación primaria.
Por otro lado, el pago de la deuda externa ha incentivado la explotación indiscriminada de los recursos naturales, ya que su explotación es una de las pocas formas que tienen estos países para hacerse con suficientes divisas para poder pagar el servicio de la deuda externa. Este hecho, como es de suponer, ha afectado y está afectando gravemente la sostenibilidad de los recursos del planeta.
Asimismo, es muy importante no olvidar que muchos de los países que hoy acarrean grandes deudas fueron gobernados por dictadores civiles y/o militares que desviaron los créditos prestados par la compra de armas, con el fin de silenciar las protestas civiles, o para la compra de bienes de lujos de las élites de sus países, o para hacer obras faraónicas que pretendían ensalzar la figura del líder y que no reportaron ningún beneficio a la población, o que directamente nunca llegaron al país, ya que depositaron el dinero en sus cuentas corrientes de paraísos fiscales.
Casos como los regímenes militares de Argelia, Argentina, Bolivia, Brasil, El Salvador, Talilandia o de dictadores tales como Pinochet en Chile, Duvalier en Haití, Stroessner en Paraguay, la saga de los Somoza en Nicaragua, Suharto en Indonesia, Marcos en Filipinas, Zia-il-Haq en Pakistán, el Sha en Irán, Assad en Siria, Mariam en Etiopía, Siad Barre en Somalia, Moi en Kenia, Nimiery y al-Mahdi en Sudán, el rey Hassan II en Marruecos, Buhari y Abacha en Nigeria, Doe en Liberia, Mobutu al Congo, Banda en Malawi, o el régimen del apartheid en Sudáfrica, entre otros, son claros ejemplos de que en estos países la población careció de toda posibilidad de elegir y de decidir qué se hacía con el dinero que se recibía.
La gran injusticia que se comete al exigir el pago de la deuda externa sin más es no pensar en esa gran mayoría de población que, además de tener que sufrir las terribles represiones que protagonizaron sus mandatarios sobre ellos, nunca se beneficiaron de esos créditos, ya que éstos fueron indebidamente usados en beneficio de unos pocos y para mal de muchos. Es por esto que se puede afirmar con rotundidad que todavía hoy las poblaciones del Sur continúan pagando el coste de oportunidad que supone, en términos de desarrollo, el pago del servicio de la deuda externa.
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